El Impuesto sobre Patrimonio en Extremadura

Las Comunidades Autónomas son las encargadas de regular el Impuesto sobre Patrimonio. Sin embargo, muchas personas desconocen su existencia debido a que no se aplica en todas las regiones de España ni a la mayoría de los ciudadanos, ya que su gestión está delegada en cada comunidad y está destinado a gravar a las grandes fortunas.

Solo cuando se superan ciertas cantidades, generalmente elevadas, es necesario presentar la declaración correspondiente y pagar, en su caso, la cantidad establecida por la normativa de la comunidad donde el sujeto pasivo paga sus impuestos. Debido a esto, puede haber diferentes exenciones mínimas en cada autonomía. Además, se pueden aplicar diversas deducciones y descuentos, establecer diferentes tipos de impuestos e incluso eliminar por completo su aplicación, como ocurre en la Comunidad de Madrid, donde existe una bonificación del 100%.

Las grandes diferencias entre las comunidades autónomas llevaron al Gobierno a proponer una unificación de este impuesto y, finalmente, a crear el nuevo Impuesto a las Grandes Fortunas, que gravará los patrimonios superiores a tres millones de euros para evitar que queden exentos debido a las bonificaciones de los gobiernos regionales.

Según el informe «Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022» del Consejo General de Economistas, las tarifas del Impuesto sobre Patrimonio varían en cada comunidad autónoma y no siempre coinciden con la tarifa estatal.

Extremadura

• Mínimo exento: 500.000 euros
• Se regulan mínimos exentos para personas discapacitadas:

1. 600.000 euros si el grado de discapacidad está entre el 33% y el 50%
2. 700.000 euros si está entre 50% y 65%
3. 800.000 euros si la discapacidad supera el 65%

Andalucía 

• Mínimo exento: 700.000 euros con carácter general
• Novedad: Cuando el contribuyente tenga la consideración de persona con discapacidad, el mínimo exento se fija en:

1. 1.250.000 euros si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 33% e inferior al 65%
2. 1.500.000 euros si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 65%